LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA 

El 6 noviembre de 1985 un grupo de 35 guerrilleros del M-19 ingresaron a la sede del Palacio de Justicia en Bogotá, con el propósito de presentar una “demanda armada ante los magistrados y convocar a un juicio público contra el gobierno del presidente Belisario Betancur”.

Los primeros asesinados fueron los vigilantes del parqueadero: Eulogio Blanco y Gerardo Díaz Arbeláez, de la empresa de vigilancia Cobasec, que nada pudieron hacer con sus viejas pistolas frente a los fusiles que llevaban los guerrilleros. El administrador del edificio, Jorge Tadeo Moya Castro, al percatarse de la situación trató de huir y fue acribillado por la espalda.

Para este momento, los guerrilleros que habían entrado vestidos de civil por la puerta principal de la edificación, encabezados por Alfonso Jacquin, habían desenfundado sus armas y bajo el grito “presente y combatiendo”, disparaban ráfagas de fusil indiscriminadamente; una de esas balas alcanzó y asesinó al transeúnte Raúl Francisco Jimenez, quien caminaba por la carrera octava. El hecho quedó registrado por una cámara de televisión.

Los funcionarios eran tendidos boca abajo mientras continuaban las arengas y los disparos de fusil. Los Magistrados eran identificados y conducidos a otras áreas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía fue tomado como rehén en el cuarto piso, donde Alfonso Jacquin pronunció la frase: “el presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir” 

Cuando el Ejército Nacional inició la operación para retomar el control, todo se convirtió en un caos, del cual quedan muchas dudas de lo que ocurrió al interior del edificio, ya que, hasta el momento, el interés ha sido puesto en los excesos de la Fuerza Pública, dejando de lado los actos del M-19. Mónica Murcia, hija del Magistrado Humberto Murcia Ballén, por ejemplo, contaba acerca de cómo “mi papá recuerda como el M-19 les disparó a los otros magistrados”.

Infortunadamente, el proceso de paz con el M-19 se efectuó bajo el esquema de amnistías e indultos, dejando de lado la verdad, el perdón y la reparación; por lo que, probablemente, nunca conozcamos con certeza lo que sucedió. En el año de 1992, la juez Clemencia García de Useche intentó abrir una investigación contra la cúpula del M-19, entre ellos, el actual presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego -en calidad de autor intelectual-, por los hechos del Palacio de Justicia, argumentando que los delitos atroces no estaban incluidos en el acuerdo de paz; sin embargo, le impidieron continuar con su caso.

Hace algunos años quedó esclarecido que la financiación de la toma del Palacio de Justicia provino del Cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, quien, según fuentes de esta organización criminal,  aceptó la petición efectuada en ese sentido por Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, con la condición “de quemar los expedientes de todos aquellos que van a ser extraditados de Colombia hacia Estados Unidos y de asesinar a Reyes Echandía, Medellín Forero, Medina Moyano y Patiño Roselli, por traidores a la patria”. La Comisión de la Verdad en su informe final hace referencia al asunto y plantea que “Escobar "entregó dos millones de dólares" a Iván Marino Ospina, por entonces jefe del Movimiento 19 de abril (M-19), y miembros de ese grupo guerrillero recibieron armas para poder llevar a cabo la toma”.

Casi 40 años después, muchos siguen esperando la verdad de lo que sucedió en este sangriento evento, que se llevó consigo 94 almas.